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Adriana Hernández defiende seguridad jurídica de niños, niñas y adolescentes



  • La Diputada presentó una iniciativa que busca que en juicios que involucren derechos de un menor, o éste sea una de las partes, los juzgadores comuniquen el sentido de la sentencia de forma que se comprenda su sentido y alcances


Morelia, Michoacán, 16 de marzo de 2022. “El respeto y salvaguarda de los derechos de la infancia y adolescencia debe ser una de las prioridades del Estado Mexicano; y es uno de los mayores retos para el presente siglo en nuestro país”, aseguró la Diputada Adriana Hernández Íñiguez, al presentar una iniciativa para reforma el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán. Con la iniciativa se busca que en juicios que involucren derechos de un menor, o éste sea una de las partes, los juzgadores deberán comunicarle el sentido de la sentencia de forma que pueda comprender su sentido y alcances, valiéndose para ello de un formato de lectura accesible y desprovisto de tecnicismos. “Esto resultaría de utilidad sobre todo en aquellos casos en que los intereses de las y los menores entren en conflicto con los de adultos, incluidos los de sus padres”, apuntó la también Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Resaltó que la aprobación de tal iniciativa contribuiría de forma decisiva para que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer a plenitud su derecho a la seguridad jurídica, pero también a acercar a los jueces y sus fallos a la sociedad, los cuales la mayoría de las veces vienen redactados de forma difícil de comprender para el grueso de la población. Y agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió que los órganos jurisdiccionales están obligados a analizar los derechos de los menores de manera separada y diferenciada respecto de los de sus progenitores, máxime cuando éstos entran en conflicto. “Cierto es que un catálogo de derechos no resuelve por sí solo la situación de niños, niñas y adolescentes, ya que estos, para ser efectivos, requieren venir acompañados de políticas públicas que los hagan efectivos o, de lo contrario, se tornan en simples referencias carentes de validez práctica”, puntualizó.