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Aprueban diputados derogación de impuestos ambientales



El Pleno de la 74 Legislatura, reconoció la falta de claridad en los mecanismos de medición, así como desproporcionalidad en el cobro y la indefinición sobre su destino y aplicación

Morelia; Mich., a 30 de abril de 2019.- Con el interés de coadyuvar y solidarizarse ante la difícil situación financiera por la que atraviesan las familias michoacanas y en cumplimiento a los compromisos asumidos con diversos sectores de la sociedad, el Pleno de la LXXIV Legislatura, derogó los impuestos por remediación ambiental en la extracción de materiales; por la emisión no gases a la atmósfera; por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, así como el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos.


Tras la realización de diversas mesas de trabajo, los integrantes de las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, presentaron ante el Pleno del Congreso del Estado, un dictamen que concentra las inquietudes de todos los legisladores que presentaron propuestas para derogar estos impuestos de la Ley de Hacienda y Ley de Ingresos, ambas del estado de Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Así, los diputados locales consideraron necesario abrogar los impuestos ecológicos debido a la falta de claridad en los mecanismos de medición, la desproporcionalidad en el cobro de los mismos y la indefinición sobre su destino y aplicación, siendo esto último razón para desalentar la inversión al estado.


También puntualizaron sobre la necesidad de que el cobro de estos gravámenes,  se realice pero bajo un esquema claro y preciso, que brinde certeza a los empresarios y demás sujetos sobre el destino y aplicación de los recursos que estarían tributando, por lo que se mostraron dispuestos a trabajar de manera coordinada entre todos los niveles de gobierno y los sectores empresariales,  a fin de construir un andamiaje legal acorde a la realidad y a las necesidades de la población y del medio ambiente.


De esta manera, hicieron un llamado para que el Ejecutivo del Estado genere mayor certeza jurídica y evite amparos promovidos por los particulares que se sientan afectados para que finalmente, se procuren más recursos que realmente permitan resarcir el daño ambiental que padece nuestro estado.

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