Ataque a funcionario pone en riesgo su vida; Gobierno de Michoacán aún no anuncia acciones penales

Morelia, Michoacán, 3 de agosto de 2026.- El Gobierno de Michoacán condenó la agresión sufrida por el director de Gobernación, Ricardo Palominos Vargas, durante la manifestación realizada este lunes por un grupo de comuneros de Arantepacua frente a Casa Michoacán; sin embargo, hasta el momento la administración estatal no ha informado si presentará denuncias penales contra los responsables.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, el funcionario acudió al lugar con el propósito de escuchar las demandas de los manifestantes e intentar establecer una mesa de diálogo. No obstante, fue agredido físicamente por varios de los asistentes, quienes lo golpearon y, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales, incluso le arrojaron una roca que impactó en su cuerpo, poniendo en riesgo su integridad.

Tras la agresión, elementos de seguridad desplegaron un operativo para controlar la situación, proteger al personal gubernamental y restablecer el orden, mientras los manifestantes continuaban con la protesta.

En un comunicado, la Secretaría de Gobierno condenó los hechos y reiteró que la administración estatal mantiene una política de diálogo para atender los conflictos sociales por la vía institucional, además de exhortar a los representantes de Arantepacua a privilegiar los acuerdos antes que la confrontación.

La dependencia también destacó que, durante la actual administración, se han destinado más de 418 millones de pesos en obras y acciones para esa comunidad indígena, como parte del respaldo gubernamental a sus habitantes.

Pese a la gravedad de la agresión contra un servidor público en funciones, el Gobierno del Estado no precisó si solicitará la intervención de la Fiscalía General del Estado o si promoverá acciones legales contra quienes participaron en el ataque.

La omisión resulta relevante debido a que las agresiones contra funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones pueden constituir delitos previstos en la legislación penal. Hasta el cierre de esta información, las autoridades estatales únicamente habían reiterado que "no habrá tolerancia para cualquier acto de violencia", sin aclarar si esa postura se traducirá en procedimientos judiciales contra los responsables.