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Bandos y Reglamentos normativos; en apego a la Ley: Ayuntamiento de Morelia.


Morelia, Michoacán; 06 de septiembre del 2019.- Los gobierno municipales, son la base de la organización gubernamental del Estado Mexicano. Tienen autonomía tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de garantizar la seguridad, tienen la facultad de contar con Policía, tal como lo establece la fracción III inciso h) del citado artículo, misma que estará bajo la conducción y mando del Presidente Municipal, de conformidad con lo establecido en la fracción VI, del referido numeral en relación con el párrafo noveno del artículo 21 del Magno Documento. 

A fin de dar certeza jurídica a sus actuaciones, los Ayuntamientos Municipales, tienen la facultad de emitir Bandos y Reglamentos normativos, los que deben estar armonizados con el Parámetro de Regularidad Constitucional, es decir Constitución General de la República y Tratados Internacionales que tutelan derechos humanos, de los que México es parte. Así pues, el artículo 21 de la Carta Magna establece en sus párrafos cuarto, quinto y sexto, la facultad de sancionar administrativamente aquellas conductas que atentan contra el bienestar público y la armonía social. 

De esta forma, el Reglamento de Orden y Justicia Cívica, es el instrumento legal que da la seguridad jurídica de conocer cuáles son las conductas que se consideran atentan contra el bienestar público y la armonía social.(artículos del 5 al 10), mismo que es obligación de la Administración Pública Municipal darlo a conocer y de la ciudadanía respetarlo. 

En el Reglamento de Orden y Justicia Cívica, en el artículo 7 fracción III, se establece que está conducta constituye una falta administrativa y al estar en situación de flagrancia, las personas pueden ser detenidas para ser trasladadas al Centro de Detención Municipal. La actuación policial en materia de justicia cívica, se rige por la Ley Nacional de Registro de detención.

Las audiencias de orden del Sistema Integral de Justicia Civica, que se celebran para resolver sobre temas de faltas administrativas, son presididas por las y los Jueces, quienes tienen la facultad jurisdiccional para una vez verificar que aún cuando la persona hay cometido la conducta, la consecuencia jurídica será acorde a su situación y sí se puede apreciar, es que la conducta realizada que constituye la falta, es la que les permite obtener su ingreso económico, se les puede canalizar para recibir apoyo en materia de trabajo.

Las y los policías trabajan por brindar seguridad y sí atienden casos de robo o muertes, tal es el caso que el martes pasado se obtuvo por parte de las y el abogado que representaron al policía Paramo, fallo absolutorio en un juicio seguido a un policía que usando legittimante la Fuerza letal para preservar la vida y seguridad de otras personas, tuvo que accionar su arma de cargo, la persona acaba de cometer un robo y amenazo con un arma a una víctima, sin embargo derivado de su muerte por una actuación ajustada a los protocolos de actuación, el policía fue privado de su libertad y se le siguió un proceso por homicidio calificado.

Lo objetivo y bajo la corresponsabilidad ciudadana es conocer todo el marco de actuación policial, denunciar los casos de abuso ante la autoridades competentes para que bajo el debido proceso se realice la investigación, hacerlo solo por redes sociales, genera un juicio mediático sin ninguna protección a los Derechos humanos de todas las personas.

Entorno a esposar a las personas, de forma abstracta te comento que ante la resistencia activa una vez agotada las previas, como son la presencia policial que se advierte con el uniforme que los identifica como tales y a través de comandos verbales se pide que disuadan de la actividad, cuando las personas no atienden esta indicaciones y muestran incremento en la resistencia, se incrementa el uso de fuerza, tal como lo establece la Ley Nacional de Uso de Fuerza. 

Los aros de sujeción se autoriza se coloquen para reducir riesgos incluso de que la persona se autolesiones, si hubo exceso en la actuación policial la autoridad jurisdiccional dará vista y todas las personas que grabaron pueden denunciar si consideran que este hecho es un abuso de autoridad, el MP, está obligado a iniciar la investigación y bajo el debido proceso y garantizando el derecho de audiencia de todas las personas, se resuelve el tema. Los medios son un mecanismo para dar a conocer los hechos, sin realizar juicios de valor y la obligación de todos los ciudadanos es respetar la autoridad y los ordenamientos, eso es seguridad ciudadana.

El Sistema de Justicia Cívica, debe garantizar las formalidades mínimas esenciales que rigen al Sistema de Justicia Penal, al tratarse de un procedimiento Administrativo Sancionador, tal como lo establece la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  2a./J. 124/2018.

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