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Bedolla enviará al Congreso iniciativa para proteger identidad de víctimas y testigos

  • Foto del escritor: Altorre
    Altorre
  • hace 4 horas
  • 2 min de lectura

La propuesta busca mantener bajo reserva los datos de víctimas, denunciantes y testigos desde la denuncia hasta el juicio oral.


Morelia, Michoacán, 7 de septiembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que este martes enviará al Congreso de Michoacán una iniciativa de reforma a diversos ordenamientos federales para establecer mecanismos de protección a la identidad de víctimas, denunciantes y testigos de delitos.

La propuesta plantea que los datos de estas personas permanezcan bajo reserva desde el momento en que se presenta una denuncia y hasta la etapa de juicio oral, particularmente durante el desahogo de las pruebas.

El gobernador argumentó que el temor a represalias contra las víctimas y sus familias es uno de los factores que desalientan la denuncia y la participación de testigos en los procesos judiciales.

El consejero Jurídico del Gobierno estatal, César Augusto Ocegueda, señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 97 de cada 100 delitos no son denunciados, principalmente por factores relacionados con la desconfianza y el temor.

La iniciativa contempla modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Sistema Nacional de Búsqueda, la legislación en materia de secuestro y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

El planteamiento será turnado al Congreso local para su análisis y, de ser aprobado, continuar el procedimiento correspondiente ante el Congreso de la Unión.

La propuesta surge en un contexto en el que el temor a represalias y la desconfianza en las instituciones siguen siendo obstáculos para denunciar delitos. Su eventual aplicación dependerá de la aprobación de las reformas y de la capacidad de las autoridades para garantizar en los hechos la protección de quienes aporten información a las investigaciones.

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