Capturas mediáticas y omisiones de fondo: el combate al crimen se presume, pero la extorsión y los señalamientos internacionales persisten

Morelia, Michoacán, 22 de enero de 2026.-

La detención de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como un “golpe contundente a la extorsión”, vuelve a colocar en el centro del debate una política de seguridad basada en la exhibición de objetivos delincuenciales de alto perfil, mientras en paralelo se acumulan investigaciones del FBI y del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y actores vinculados al oficialismo en distintas entidades del país.

Si bien la captura de un presunto líder criminal con siete órdenes de aprehensión por homicidio y extorsión, así como requerimientos de la justicia norteamericana, representa un avance operativo, el discurso oficial evade una discusión de fondo: la persistente infiltración del crimen organizado en estructuras políticas y administrativas que, hasta ahora, no ha sido combatida con la misma determinación ni transparencia.

Un ejemplo claro de esta contradicción es la presunta continuidad del cobro de piso en la región oriente del estado, donde productores y agricultores han optado por no incrementar sus cultivos —e incluso reducir su actividad— ante el temor de que cualquier crecimiento económico se traduzca en mayores pagos de extorsión. Lejos de ser una percepción aislada, esta dinámica refleja cómo la delincuencia sigue condicionando decisiones productivas y frenando el desarrollo regional, pese a los anuncios oficiales de avances en materia de seguridad.

Resulta llamativo que se subraye la coordinación con instancias federales y fuerzas armadas para la detención de “El Botox”, mientras desde Washington se investigan posibles vínculos de funcionarios mexicanos con redes criminales, sin que dichas indagatorias encuentren eco, explicación o deslinde claro por parte de los gobiernos locales o del propio oficialismo.

La narrativa gubernamental insiste en el éxito del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, pero los hechos exhiben una estrategia reactiva y fragmentada: se detiene a operadores del delito, pero no se aclara cómo estos grupos lograron operar durante años, ni qué complicidades políticas o institucionales lo permitieron. La justicia, una vez más, parece avanzar solo en una dirección.

La sociedad exige algo más que conferencias de prensa y anuncios de detenciones. Demanda una política de seguridad integral, que no solo persiga a los ejecutores del crimen, sino que investigue y sancione a quienes, desde el poder, han tolerado, encubierto o facilitado la expansión de estas estructuras delictivas.

Mientras el gobierno celebra capturas, la sombra de las investigaciones internacionales recuerda que el verdadero desafío no es detener a un criminal más, sino romper definitivamente el vínculo entre delincuencia organizada y poder político.