Desplazamiento forzado sigue sin castigarse en Michoacán; Memo Valencia impulsa tipificarlo como delito

Morelia, Michoacán, 3 de junio de 2026.- En un contexto marcado por el avance de la violencia criminal y el abandono de comunidades enteras, el diputado local priista Guillermo Valencia Reyes planteó una reforma al Código Penal de Michoacán para tipificar el desplazamiento forzado interno como delito, al considerar que actualmente existe un vacío legal que deja en la indefensión a miles de víctimas.

Desde la tribuna legislativa, el dirigente estatal del PRI sostuvo que resulta contradictorio que el fenómeno sea reconocido públicamente por autoridades y organismos civiles, pero que no exista una figura penal específica para sancionar a quienes obligan a familias completas a abandonar sus hogares mediante amenazas, violencia o control territorial ejercido por grupos criminales.

Valencia Reyes afirmó que el desplazamiento forzado se ha convertido en una de las expresiones más severas de la crisis de seguridad que enfrenta la entidad, al provocar la pérdida de arraigo comunitario y evidenciar la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad en diversas regiones.

El legislador señaló que comunidades de municipios como Morelia, Madero, Tzitzio, Charo, Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aquila y Chinicuila han padecido este fenómeno durante los últimos años, obligando a cientos de personas a abandonar sus viviendas ante el temor de convertirse en víctimas de la delincuencia organizada.

La propuesta legislativa busca incorporar al Código Penal estatal un nuevo apartado denominado "Delitos Contra la Seguridad de las Comunidades y el Arraigo Territorial", mediante el cual se sancionaría específicamente la violencia orientada al control de territorios y al desplazamiento de población civil.

De acuerdo con el diputado priista, actualmente estas conductas suelen investigarse de manera fragmentada bajo delitos como amenazas, extorsión, despojo o daños, lo que dificulta dimensionar la magnitud real del problema y limita la capacidad de respuesta de las instituciones de procuración de justicia.

Durante la presentación de la iniciativa, Valencia también vinculó el desplazamiento forzado con la escalada de violencia que ha colocado a Michoacán en los reflectores nacionales por el uso de minas explosivas artesanales, ataques con drones armados y vehículos cargados con explosivos utilizados por grupos criminales.

"Michoacán ha sido pionero en muchas de las expresiones más preocupantes de la violencia criminal; ahora debe ser pionero en reconocer jurídicamente a las víctimas del desplazamiento forzado y en generar herramientas legales para combatir este fenómeno", planteó.

La iniciativa abre un nuevo debate sobre la responsabilidad del Estado frente a comunidades que han sido vaciadas por la violencia y sobre la necesidad de reconocer legalmente un problema que, aunque visible en distintas regiones del territorio michoacano, continúa sin una sanción específica dentro de la legislación penal local.