Destrucción de máquinas tragamonedas: un golpe mediático y la permisividad de los casinos en Michoacán.

Ataques a mini casinos; una doble moral en el tratamiento del juego y la apuesta de parte del Gobierno de la 4 T.

Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó la destrucción de 700 máquinas tragamonedas decomisadas en distintos municipios del estado, como parte de una estrategia de combate a la delincuencia. Sin embargo, la contundencia con la que se han atacado estos dispositivos contrasta con la permisividad y protección que gozan los casinos legalmente establecidos, lo que deja en evidencia una doble moral en el tratamiento del juego y la apuesta.

Según el mandatario, estos artefactos representan un negocio ilícito de seis millones de pesos semanales que financian redes criminales, además de fomentar la ludopatía infantil y juvenil. La acción, respaldada por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional, pretende frenar el crecimiento de este fenómeno y "reconstruir el tejido social".

No obstante, resulta inevitable cuestionar por qué se combate con tanto énfasis este tipo de apuestas clandestinas mientras que los casinos continúan operando con normalidad, pese a sus evidentes vínculos con problemas de adicción, lavado de dinero y colusión con el crimen organizado. El Estado parece enviar un mensaje claro: el juego ilegal es condenable, pero el legal es tolerado siempre que genere ingresos tributarios y beneficie a ciertos sectores económicos y políticos.

La presencia de máquinas tragamonedas en tiendas y minicasinos es, sin duda, un problema que afecta la seguridad y el bienestar social, sobre todo cuando la delincuencia organizada impone su funcionamiento bajo amenazas. Sin embargo, la solución no debe limitarse a la destrucción de estas máquinas como un espectáculo mediático. Hace falta un debate serio sobre la regulación del juego en Michoacán y el papel que juegan los casinos en la economía criminal y la adicción al juego.

El combate a la delincuencia debe ser integral y no selectivo. Si realmente se busca frenar el impacto de los juegos de azar en la sociedad, también debería revisarse la operación de los casinos, su fiscalización y su relación con las redes delictivas. De lo contrario, esta acción no será más que un gesto simbólico que deja intactas las verdaderas estructuras del problema.