Gobierno de Morelia presume retiro masivo de licencias a giros C. Pero la verdad está en "veremos".

Morelia, Michoacán, a 17 de junio de 2025.– En lo que podría interpretarse como una maniobra de advertencia más que una acción concreta, el Gobierno Municipal de Morelia anunció el inicio de 735 procedimientos administrativos para la posible revocación de licencias tipo C, las cuales regulan la operación de tiendas de abarrotes, vinaterías, bares, antros y restaurantes-bar.

El anuncio fue hecho por el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, quien explicó que las causas van desde falta de pago de derechos hasta irregularidades en materia de Protección Civil. Sin embargo, ninguna licencia ha sido revocada hasta el momento, y los procedimientos iniciados aún deberán seguir su curso legal.

La declaración se da cuando el alcalde Alfonso Martínez Alcázar apenas cumple su primer año de gestión en su segundo periodo al frente del municipio, y en un contexto en que diversos sectores comienzan a cuestionar la efectividad de su política de ordenamiento urbano, particularmente en materia de comercio y seguridad pública.

Benítez Silva invitó a los propietarios en situación irregular a acercarse a la Secretaría del Ayuntamiento para “regularizar su situación”, lo cual, para algunos comerciantes, representa más un llamado a negociar que una verdadera voluntad de aplicar la ley de manera pareja.

Actualmente, se contabilizan unas 6 mil 800 licencias tipo C en la capital michoacana, de las cuales el 30 por ciento corresponde a giros considerados de riesgo social, como bares y antros. En esos casos, la presión gubernamental podría tener también un efecto restrictivo sobre espacios de recreación nocturna, sin que existan políticas alternativas claras.

Aunque el gobierno municipal busca justificar esta ofensiva bajo el argumento de garantizar un "desarrollo ordenado", no se descarta que la medida tenga tintes recaudatorios o de control político, sobre todo cuando se anuncian cifras sin resultados visibles y sin dar a conocer públicamente la lista de negocios en riesgo.

Para diversos analistas, este tipo de acciones podrían ser utilizadas como herramienta discrecional, mientras se mantienen sin atender problemas estructurales como la corrupción en la emisión de licencias, la inseguridad en zonas de giros rojos, o la falta de actualización del padrón comercial.

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado clausuras formales, ni se ha emitido información sobre cuántos de los 735 casos realmente derivarán en revocación definitiva.