Guardia Civil tendrá nuevo armamento para unidades especializadas; SSP deberá acreditar capacitación y control de su uso
Morelia, Michoacán, 15 de septiembre de 2026.– La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) anunció la incorporación de armamento colectivo para unidades especializadas de la Guardia Civil, como parte de una estrategia para ampliar su capacidad operativa ante situaciones consideradas de alto riesgo.
De acuerdo con la dependencia, se trata de ametralladoras de diferentes calibres, cuyo uso estará restringido a personal previamente seleccionado, capacitado y certificado para participar en operaciones de mayor complejidad.
La autorización para contar con este armamento fue emitida el pasado 25 de agosto por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó la SSP.
El nuevo equipamiento será destinado exclusivamente a unidades especializadas y podrá utilizarse en despliegues estratégicos, operaciones de alto impacto y acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas y otras corporaciones de seguridad.
La dependencia sostiene que la medida busca mejorar la capacidad de reacción de los elementos frente a grupos delictivos que utilizan armas de alto poder. Sin embargo, el incremento de la capacidad de fuego también coloca en primer plano la necesidad de mantener protocolos estrictos de capacitación, supervisión, resguardo y uso proporcional de la fuerza.
La SSP señaló que el registro, almacenamiento, traslado, mantenimiento y control del armamento estarán sujetos a la Licencia Oficial Colectiva, a la legislación federal vigente y a la supervisión de las autoridades competentes.
El anuncio ocurre en un contexto en el que la seguridad pública en Michoacán demanda no solamente mayor capacidad de respuesta armada, sino también investigación criminal, prevención del delito, coordinación policial y resultados efectivos frente a los grupos delictivos.
El reto para la corporación será que el nuevo armamento se traduzca en una mayor capacidad para proteger a la población y a los propios policías, sin que ello sustituya la profesionalización, la inteligencia policial, la investigación y el cumplimiento de los protocolos que regulan el uso de la fuerza.
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