Asi se ve lo que se dice...
El Fraude de la Seguridad en Tierra Caliente: El Cobro de Cuotas a Limoneros en Apatzingán y la Crisis de Gobernabilidad
Morelia, Mich., 14 de agosto de 2024.- El cobro de cuotas a los limoneros en la región de Apatzingán, Michoacán, es una manifestación devastadora de cómo el crimen organizado ha infiltrado y asfixiado la economía agrícola local, a pesar de los esfuerzos ostensibles de las autoridades por garantizar la seguridad. En un entorno donde la violencia y la extorsión se han vuelto moneda corriente, la realidad que enfrentan los productores de limón es sombría y reveladora de un problema estructural profundo que trasciende las medidas superficiales de vigilancia.
El despliegue de la Guardia Civil y los operativos de seguridad coordinados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) parecen, en la superficie, acciones firmes y necesarias para proteger a los cortadores y productores de limón. Sin embargo, la persistencia del cobro de cuotas que ascienden hasta 3.50 pesos por kilo de cítrico evidencia la ineficacia de estas medidas. Las cuotas, impuestas por grupos criminales, no solo afectan la rentabilidad de los limoneros, sino que también perpetúan un ciclo de miedo y violencia que desangra a la comunidad.
Las autoridades, lideradas por Juan Carlos Oseguera Cortés y respaldadas por el subsecretario José Ortega Silva, han intentado proyectar una imagen de control y seguridad mediante operativos y patrullajes. No obstante, la mera existencia de estos cobros ilegales señala una falla fundamental en la estrategia de seguridad: la incapacidad para desarticular las redes criminales que controlan el territorio y extorsionan a los productores. Es alarmante que, a pesar de la presencia militar y policial, los limoneros sigan siendo vulnerables a estas prácticas delictivas, lo que pone en entredicho la eficacia real de las medidas implementadas.
Por otra parte, las declaraciones del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, en las que desmiente la existencia de una "Unión de productores empacadores e industriales de limón del Valle de Apatzingán", revelan un intento de deslegitimar la voz de los productores afectados. Al calificar como "noticias falsas" las denuncias de un paro de actividades en el sector limonero, Torres Piña parece estar más enfocado en mantener una fachada de normalidad que en abordar las preocupaciones legítimas de los trabajadores del campo. Esta actitud no solo genera desconfianza, sino que también mina los esfuerzos por construir un diálogo auténtico y efectivo entre las autoridades y los productores.
La situación descrita por el Padre Gregorio López Gerónimo, conocido como "el padre Goyo", expone otra capa de la crisis: la complicidad y protección que algunos funcionarios locales podrían estar brindando a las organizaciones criminales. Sus acusaciones de que el edil de Apatzingán protege a grupos delictivos son graves y requieren una investigación profunda e independiente. La denuncia de que el aumento de las extorsiones está paralizando la economía local subraya el impacto devastador de la violencia en la vida cotidiana de los habitantes.
En este contexto, las medidas anunciadas por las autoridades parecen insuficientes y desconectadas de la realidad que viven los productores. La simple vigilancia no es suficiente; se requiere una intervención más integral que ataque las raíces del problema: la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades económicas. Sin un enfoque que aborde estos factores subyacentes, cualquier esfuerzo por garantizar la seguridad en la región de Tierra Caliente será, en el mejor de los casos, una solución temporal y superficial a un problema sistémico.
O bien que lo dicho por el Padre Goyo tenga algo de cierto, si tomaramos en cuenta el viejo adajio que dice: si el rio suena es que agua lleva... Al tiempo.
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