Michoacán criminaliza la verdad: periodistas denuncian ley mordaza disfrazada de apología del delito

*Preocupa a periodistas ley que criminaliza la libre expresión en Michoacán

Morelia, Michoacán, mayo 2025 — Con la aprobación de la ley que prohíbe la apología del delito en Michoacán, el Congreso local ha encendido las alarmas entre periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos, quienes ven en esta medida un golpe directo y peligroso contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. La ambigüedad del texto legal, sumada a un contexto de violencia e impunidad, hace temer lo peor: la censura disfrazada de legalidad.

La reforma, impulsada con el pretexto de “evitar la exaltación del crimen”, establece sanciones penales para quienes, a juicio de las autoridades, "hagan apología del delito o enaltezcan a personas que infrinjan la ley". Sin embargo, el verdadero blanco de esta ley parecen ser los medios de comunicación críticos, los reporteros de nota roja y los periodistas independientes que, con gran riesgo, documentan y denuncian la realidad cruda del estado: ejecuciones, enfrentamientos, desapariciones, corrupción e ineptitud institucional.

Varios colectivos de periodistas ya han manifestado su abierto rechazo a esta legislación que, aseguran, pretende silenciar la cobertura informativa de temas relacionados con el crimen organizado y la violencia que asfixia a la entidad. “No es apología del delito informar lo que ocurre en nuestras calles. Lo que buscan es que callemos. Lo que quieren es que dejemos de mostrar lo que el Estado no puede o no quiere controlar”, declaró uno de los comunicadores que acudió esta semana a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a presentar una queja formal.

El enojo es creciente. Desde la Red de Periodistas de a Pie hasta reporteros locales de medios pequeños —los más expuestos y menos protegidos— han calificado esta ley como una amenaza directa. La pregunta que flota en el aire es inquietante: ¿quién decidirá qué es “apología” y qué es simple narración de los hechos?

La preocupación no es exagerada. En un país donde la libertad de prensa se ha cobrado la vida de decenas de periodistas en la última década, y donde la autocensura es una práctica de supervivencia, la nueva ley añade un filo más al cuchillo que pende sobre el gremio. No es la violencia de los grupos criminales la única que mata: también lo hace la complicidad institucional que, en vez de proteger al periodismo, lo encarcela con leyes oscuras.

Esta legislación se suma a una serie de intentos en otros estados por controlar el discurso público bajo el disfraz de la “seguridad”. Pero los periodistas michoacanos no están dispuestos a callar. “No vamos a pedir permiso para informar. No vamos a pedir perdón por hacer nuestro trabajo”, afirmó con firmeza una reportera durante una manifestación frente al Congreso del Estado.

La libertad de expresión no puede ser rehén del miedo ni del poder. La ley aprobada en Michoacán debe ser revisada, impugnada y, de ser necesario, llevada a instancias internacionales. Porque cuando se castiga la palabra, lo que se entierra es la verdad. Y con la verdad, la democracia.

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