Michoacán Refuerza la Justicia Familiar: PVEM ingresa nueva Reforma para Localizar a Deudores Alimentarios

Morelia, Michoacán. 6 de febrero 2024.- Con el objetivo de combatir el incumplimiento de las pensiones alimentarias y garantizar el bienestar de miles de niños, niñas y adolescentes, la diputada Sandra María Arreola Ruiz, presentó ante el pleno del  Congreso del Estado de Michoacán una reforma que fortalece los mecanismos para localizar a los deudores alimentarios y agilizar los procesos judiciales.

La iniciativa, presentada por la diputada Claudia Sánchez Juárez, introduce modificaciones clave al Código Familiar del Estado. Entre los cambios más significativos destaca la incorporación de la Unidad de Medidas Cautelares del Tribunal Superior de Justicia como una entidad encargada de localizar a los deudores y evaluar su situación económica.

De acuerdo con el decreto, se agregaron los artículos 856 Bis, 856 Ter y 856 Quater al Código Familiar, estableciendo que las personas que demanden el pago de pensiones alimentarias podrán solicitar la intervención de la Unidad de Medidas Cautelares. Esta unidad tendrá un plazo de tres días hábiles para dictaminar la localización del presunto deudor, su arraigo familiar o laboral y su disposición para someterse al proceso.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Michoacán más de 5,000 casos de pensiones alimentarias quedaron sin cumplimiento en 2023, con menos del 40% de las sentencias ejecutadas. Esta problemática no solo afecta el desarrollo integral de los menores, sino que también representa una carga para las madres y tutores que, en muchas ocasiones, asumen en solitario los costos de crianza.

Uno de los principales obstáculos en la administración de justicia ha sido la dificultad para localizar a los deudores. En muchos casos, estos evitan ser citados proporcionando domicilios falsos o utilizando redes de apoyo que los encubren. Con esta reforma, se busca que el Estado asuma la responsabilidad de su localización en lugar de dejarla en manos de las víctimas.

El nuevo procedimiento también contempla que, en caso de que el deudor no pueda ser localizado, el juicio inicie directamente con la citación por edictos. Además, la Unidad de Medidas Cautelares realizará un estudio socioeconómico de las víctimas para determinar si están en condiciones de pagar las publicaciones de edictos; en caso contrario, el Tribunal Superior de Justicia asumirá los costos.

La diputada Sánchez Juárez destacó que esta medida busca una administración de justicia más ágil y equitativa. "No podemos seguir permitiendo que miles de menores queden en la indefensión por la negligencia de quienes deben proveer para su bienestar. Con esta reforma, garantizamos que el derecho a los alimentos no se vea obstaculizado por la burocracia y la impunidad", afirmó.

La implementación de esta reforma se espera que reduzca los tiempos de los juicios de pensión alimentaria, alivie la carga en los tribunales y brinde mayor protección a las víctimas de abandono parental. De esta manera, Michoacán se suma a los estados que buscan erradicar la impunidad en materia de pensiones alimentarias y fortalecer el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.