Michoacán se suma a la Estrategia Nacional contra la Extorsión; gobierno admite impacto del delito en la entidad

Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2025.- Michoacán fue incluido en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que refleja el reconocimiento del impacto que este delito sigue teniendo en la entidad y la necesidad de reforzar su combate.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recordó que desde 2023 se reformó el Código Penal estatal para tipificar con mayor rigor la extorsión, permitiendo su persecución de oficio y estableciendo penas de hasta 25 años de prisión, además de sanciones a funcionarios que obstruyan las investigaciones. Sin embargo, admitió que la complejidad del delito exige coordinación nacional.

De acuerdo con el mandatario, la estrategia federal —presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch— contempla acciones de inteligencia, detenciones dirigidas, la creación de unidades locales especializadas, atención directa a víctimas y capacitación a los operadores de la línea de denuncia 089, además de una campaña preventiva.

Pese a los señalamientos sobre la persistencia de la extorsión en Michoacán, particularmente en regiones afectadas por grupos delictivos, Bedolla aseguró que existen "avances" en la investigación y judicialización de casos, gracias a la colaboración entre autoridades estatales y federales.

Este anuncio ocurre en medio de un momento clave para la estructura de justicia en la entidad, luego de que el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, presentó su renuncia. En su comunicado público, López Solís afirmó que "es el momento de generar las mejores condiciones que permitan reimpulsar los procesos de crecimiento y mejoramiento de las capacidades institucionales, para hacer frente a la legítima demanda de justicia, con más y mejores resultados a partir de nuevos incentivos y reforzamiento del acompañamiento gubernamental".

La salida del Fiscal se da en un contexto en el que las exigencias ciudadanas por mayor seguridad y efectividad en el combate al crimen organizado, la extorsión y otros delitos de alto impacto, siguen pendientes.