Nueva Ley de Búsqueda en Michoacán plantea más herramientas y participación de familias de desaparecidos
Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.— El Gobierno de Michoacán presentará ante el pleno del Congreso del Estado el dictamen de la nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que contempla fortalecer las facultades de las autoridades, incorporar herramientas tecnológicas para la localización e identificación humana y ampliar la participación de madres buscadoras y colectivos de víctimas.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la propuesta será presentada este miércoles y busca establecer nuevos mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de la búsqueda, las familias y las organizaciones civiles que participan en estas labores.
La iniciativa plantea la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, encabezado por la Secretaría de Gobierno, con la participación de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Búsqueda de Personas, corporaciones de seguridad y representantes ciudadanos.
Búsqueda inmediata y herramientas de identificación
Entre los principales cambios propuestos se encuentra la obligación de iniciar la búsqueda de una persona desaparecida de manera inmediata, sin esperar 72 horas, bajo el principio de presunción de vida.
La legislación también contempla la creación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, el Registro Estatal de Fosas, el Banco Estatal de Datos Forenses y el Centro Forense de Identificación Humana. Estas herramientas buscan mejorar el manejo de información y fortalecer los procedimientos para localizar personas e identificar restos humanos.
Otro mecanismo previsto es el uso de la Plataforma Única de Identidad, mediante información vinculada con la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como el intercambio de datos entre las instituciones competentes y la emisión de fichas de búsqueda.
La propuesta busca armonizar la legislación estatal con las reformas federales aprobadas en julio de 2025, además de incorporar disposiciones relacionadas con las comunidades indígenas que cuentan con autogobierno.
Protección jurídica para las familias
El proyecto incluye la regulación de la Declaración Especial de Ausencia, mediante un procedimiento gratuito con una duración máxima de seis meses, destinado a proteger los derechos, el patrimonio y la seguridad jurídica de las familias mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida.
También contempla obligaciones para ayuntamientos y comunidades con autogobierno en materia de panteones, fosas comunes y crematorios, con el propósito de mejorar los registros y avanzar hacia su digitalización para facilitar las tareas de identificación humana.
De acuerdo con el secretario de Gobierno, en la elaboración de la propuesta participaron la Comisión de Justicia del Congreso estatal, la diputada Belinda Iturbide, instituciones involucradas y colectivos de búsqueda.
El reto será convertir la ley en resultados
La presentación del dictamen abre una nueva etapa en la discusión legislativa sobre la búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán. Sin embargo, su alcance dependerá de la aprobación del Congreso, la asignación de recursos, la capacidad operativa de las instituciones y la aplicación efectiva de los mecanismos previstos.
Para las madres buscadoras y los colectivos de víctimas, la coordinación institucional, el acceso a información confiable y la participación de las familias son aspectos fundamentales para avanzar en la localización de sus seres queridos.
El Gobierno estatal señaló que mantendrá el diálogo con las familias y los colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y garantizar los derechos de las víctimas. La expectativa es que la nueva legislación no se limite a crear registros y estructuras administrativas, sino que se traduzca en búsquedas oportunas, identificación de personas y respuestas concretas para quienes llevan años esperando noticias de sus familiares.
La aprobación de la ley será el primer paso; su cumplimiento y los resultados en campo determinarán si las nuevas disposiciones responden a las necesidades de las familias.
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