Suma ya siete alcaldes asesinados en menos de un año de gobierno federal.

*Condena PRI asesinato de alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán

*Exige Alejandro Moreno frenar la violencia y esclarecer el crimen

Ciudad de México, 17 de junio de 2025.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, condenó el asesinato de la alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, Martha Laura Mendoza, y de su esposo, perpetrado este martes a las afueras de su domicilio.

Desde la Ciudad de México, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI exigió a los gobiernos federal y estatal el esclarecimiento del homicidio y sanción para los responsables, al tiempo que advirtió sobre el incremento sostenido de la violencia contra autoridades locales, particularmente en entidades con fuerte presencia del crimen organizado.

La dirigencia tricolor subrayó que con este hecho suman siete los alcaldes asesinados en menos de un año del actual gobierno federal. Solo en Michoacán, recordó, han sido ultimados los presidentes municipales de Tacámbaro, Cotija, Churumuco, Contepec y Aguililla.

“El país no puede normalizar la violencia contra autoridades electas. Esta crisis de inseguridad no se resuelve con propaganda; se enfrenta con estrategia, capacidad y resultados”, señaló Moreno Cárdenas en un posicionamiento difundido este martes.

El PRI sostuvo que la situación que enfrentan los municipios —muchos de ellos sin recursos suficientes para garantizar la seguridad de sus autoridades y de la población— refleja el fracaso de la estrategia nacional en materia de seguridad pública.

Además de Martha Laura Mendoza, los alcaldes asesinados recientemente incluyen a Alejandro Arcos (Chilpancingo), Jesús Franco Lárraga (Tancanhuitz), Mario Hernández García (Santiago Amoltepec), Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc), Salvador Bastida (Tacámbaro) y Lilia Gema García Soto (San Mateo Piñas).

El tricolor reiteró su exigencia de que los distintos órdenes de gobierno actúen con responsabilidad y firmeza frente a la violencia criminal, y demandó garantías para el ejercicio del cargo de las y los presidentes municipales del país.