Uruapan, Michoacán, 16 de febrero del 2025.- La construcción de teleféricos en Michoacán ha sido presentada por el gobierno estatal como un proyecto de modernización y desarrollo turístico. Sin embargo, detrás de esta narrativa, persisten inconformidades sociales que han escalado hasta la confrontación con la fuerza pública. La represión de manifestantes en Uruapan pone en entredicho la disposición gubernamental al diálogo y resalta la falta de consenso en torno a una obra de gran impacto para la comunidad.
La movilización social del día de ayer en el Bulevar Industrial responde a una serie de preocupaciones de ciudadanos que consideran que el proyecto de teleférico carece de estudios de impacto ambiental sólidos, afecta la movilidad urbana y beneficia a intereses privados en detrimento del bienestar colectivo. La respuesta del Estado ha sido contundente: el uso de la fuerza para dispersar la protesta, lo que resultó en la lesión de un elemento policial y cuatro civiles.
El despliegue de la Guardia Civil y la Policía Municipal, lejos de resolver el conflicto, sienta un preocupante precedente sobre la manera en que el gobierno afronta la oposición social. La postura oficial enfatiza que no se permitirán bloqueos viales, pero omite abordar las razones de la protesta y las demandas de los inconformes. El derecho a la manifestación se ve así limitado por medidas coercitivas, en lugar de promoverse el diálogo y la negociación.
El teleférico se ha promovido como una solución de movilidad y un atractivo turístico, pero surgen interrogantes sobre su viabilidad real: ¿Es esta infraestructura una prioridad en un estado con rezagos en seguridad, salud y educación? ¿Quiénes se beneficiarán económicamente de su construcción y operación? ¿Se ha consultado de manera efectiva a la población afectada? Hasta ahora, las respuestas oficiales han sido insuficientes.
El conflicto en Uruapan es un síntoma de una problemática mayor: la imposición de proyectos sin una participación social genuina. En un estado donde la desconfianza en las instituciones es alta, la falta de transparencia solo alimenta la inconformidad. La administración estatal debe reconsiderar su estrategia y priorizar el diálogo antes que la represión, si realmente busca un desarrollo sustentable y aceptado por la ciudadanía.
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